Abogado cuestiona advertencia de la JCE a la FP y critica improvisación en reforma procesal penal

El abogado Víctor Eddy Mateo advirtió que la falta de tiempo para concluir la reforma al Código Procesal Penal (CPP) antes del 11 de diciembre podría provocar un vacío legal y el retorno automático a la Ley 76-02, lo que —según explicó— generaría un “dilema jurídico” y afectaría garantías procesales.
El jurista habló en El Sol de la Mañana, donde además calificó como “un relajo” la intimación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) a la Fuerza del Pueblo por su marcha reciente.

Mateo recordó que, si el presidente no observa la reforma dentro del plazo constitucional, “la ley pasa automáticamente”, pero aun observada, no habría tiempo para reintroducirla este año. “Entraría en vigor el viejo código, con plazos distintos y criterios ya superados, y eso afectaría directamente a los justiciables”, señaló.

El abogado también criticó las interpretaciones utilizadas por el Ministerio Público para extender plazos de prescripción: “Lo que se hace va en detrimento de la persona y contradice nuestra Constitución, que se fundamenta en la dignidad humana”.

“La advertencia de la JCE a la Fuerza del Pueblo es un relajo”

Mateo fue enfático al cuestionar la actuación de la Junta Central Electoral, tras su intimación a la Fuerza del Pueblo por el uso de símbolos partidarios en la convocatoria de su marcha.

“Eso es un relajo. ¿Cómo tú me vas a hablar de advertencia cuando el hecho ya ocurrió?”, expresó.

Señaló que la marcha fue anunciada durante semanas con signos del partido, y que la JCE debió actuar preventivamente, no después del evento:
“Lo correcto era emitir un comunicado temprano recordando el contenido de la Ley 20-23. Pero cuando ya todo pasó, lo que procede no es advertencia, es sanción”.

Agregó que, si la JCE no aplica sanciones a la Fuerza del Pueblo, pierde capacidad para exigir cumplimiento a otros partidos:
“Si mañana 33 organizaciones hacen lo mismo, no podrán sancionar a nadie porque no sancionaron a la Fuerza del Pueblo. Esa es la verdad”.

Mateo explicó que el artículo 308 de la Ley 20-23 contempla sanciones administrativas de 1 a 200 salarios mínimos para casos de propaganda o uso indebido de distintivos fuera de período permitido.

“No es un tema de simpatías políticas, es un tema de institucionalidad”, insistió.

Reforma al Código Procesal Penal: “No hay tiempo, y se está improvisando”

El abogado lamentó que el Congreso haya esperado hasta el último momento para atender la sentencia 0765-2024 del Tribunal Constitucional, que ordenó corregir el trámite legislativo de la modificación de 2015.

“Había un año para actuar y lo dejaron todo guardado. Ahora están improvisando y cambiando textos votados horas antes. Eso no fortalece nada”, afirmó.

Advirtió que, al igual que el Código Penal —que tiene más de 60 artículos impugnados—, el CPP también podría terminar ante el Tribunal Constitucional.

Evaluaciones judiciales y nueva composición del TSE

Mateo también comentó la reciente selección de miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), reconociendo errores pasados, pero destacando que el órgano “llega a un nuevo período con madurez y una nueva ley que le permite actuar con más claridad”.

En cuanto a la Suprema Corte de Justicia, aseguró que no sorprendería que el presidente influya en la elección de los jueces pendientes de evaluación, como es tradicional en cada administración:
“No creo que el presidente vaya a reelegir a Luis Henry Molina. Cada mandatario deja su impronta”, opinó.

Reconocimiento a actuación institucional en Copagrenè

Al final de su intervención, Mateo valoró positivamente la resolución de un conflicto en la cooperativa Copagrenè, tras un acuerdo en el Tribunal Superior Administrativo.
Reconoció el rol de las autoridades de IDECOP y destacó que, en este caso, “imperó la institucionalidad”.