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El Ministerio Público solicitó al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel
Los fiscales
Igualmente, el órgano acusador solicitó formalmente mantener las medidas de coerción impuestas contra los acusados.
Además de la libertad restringida, el
De acuerdo con el fiscal Enmanuel Ramírez, estas disposiciones legales tienen como objetivo fundamental asegurar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las familias afectadas. «Estas medidas buscan garantizar que los bienes permanezcan disponibles en beneficio de las víctimas, querellantes y actores civiles para cuando se dicte una sentencia definitiva», explicó el magistrado.
El pedido se produjo luego de que los fiscales concluyeran la lectura del resumen de la acusación. Previamente, el juez Raymundo Mejía había rechazado varios incidentes presentados por la defensa que buscaban, una vez más, el aplazamiento de la audiencia.
En la instancia acusatoria, que consta de 156 páginas, el fiscal Collado detalló la presunta responsabilidad de los hermanos Espaillat en el desplome que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. (Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano).
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba. Establecieron que los acusados agravaron su situación al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos de resistencia.
Además, señalaron que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del local, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad.