Médicos, periodistas y abogados advierten riesgos del nuevo Código Penal

En una reunión convocada por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), representantes de los sectores médico, periodístico, jurídico e ingenieril manifestaron sus preocupaciones sobre la responsabilidad penal, la seguridad jurídica y el posible efecto de ciertas disposiciones del nuevo Código Penal en el desempeño de sus profesiones.

El encuentro, integrado al Gran Panel del I Seminario Nacional de ADOCCO, tuvo lugar el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia de Santo Domingo y estuvo a cargo de la moderación de Freddy Ángel Castro. En él participaron Luis Pérez Nova del Colegio Dominicano de Periodistas, Luis Alberto Peña Núñez del Colegio Médico Dominicano, Víctor Torres Rosa del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y Trajano Vidal Potentini del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Pérez Nova subrayó que el ejercicio periodístico debe sustentarse en la ética, la responsabilidad y la verificación exhaustiva de la información, sobre todo ante las nuevas consecuencias penales. Recalcó que los comunicadores no deben temer al cumplimiento de su labor, condenó la difusión de datos sin cotejar y anunció la intención de reformar la normativa del Colegio de Periodistas para adecuarla a las exigencias contemporáneas.

Peña Núñez alertó que algunas cláusulas del Código podrían favorecer la llamada medicina defensiva, encareciendo los servicios de salud para la población. Destacó que la disparidad de recursos entre hospitales obliga a valorar la práctica médica dentro del contexto real de atención y recordó la acción directa de inconstitucionalidad que el Colegio Médico interpuso contra varios artículos del proyecto.

Torres Rosa centró su intervención en la urgencia de reforzar la calidad técnica y la ética en la construcción, insistiendo en que ingenieros, arquitectos y agrimensores deben asumir la responsabilidad de sus decisiones aun cuando actúen bajo la figura de una empresa. Hizo un llamado a profundizar en el conocimiento de las normas vigentes y a robustecer los mecanismos de prevención de errores para asegurar la seguridad estructural.

Vidal Potentini reconoció la necesidad de modernizar la legislación penal, pero criticó la redacción excesivamente amplia de ciertos delitos, la cual, según él, genera incertidumbre jurídica. Señaló que la ampliación de conductas sancionables y la acumulación de penas podrían saturar los tribunales y el sistema penitenciario, y puso especial énfasis en la figura del ultraje jurisdiccional, que podría coartar el discurso forense de los abogados.

Al cerrar el panel, se resaltó que, pese a las divergencias, los cuatro gremios coincidieron en la importancia central de la ética y la responsabilidad profesional. Los panelistas reiteraron su disposición a presentar recursos de inconstitucionalidad y a mantener un diálogo con el Gobierno, el cual manifestó apertura para recibir observaciones y ajustar el texto penal mediante un proceso participativo.

En conclusión, la jornada funcionó como un espacio de análisis y debate sobre los retos que la reforma penal plantea al ejercicio profesional en la República Dominicana, enfatizando la necesidad de un marco legal que garantice seguridad jurídica sin obstaculizar la labor de médicos, periodistas, ingenieros y abogados.