Funcionarios no podrán tener ninguna participación en empresas que negocien con el Estado

A partir de la firma del presidente Luis Abinader en el reglamento de aplicación entra en vigencia la nueva ley 47-25, de Contrataciones Públicas, más de 180 días después de su promulgación a finales del mes de julio del 2025.

«Esta normativa devuelve el régimen de consecuencias a la ley que fue suprimido en el 2006. La normativa fortalece el régimen de incompatibilidad, quienes no pueden contratar con el Estado; funcionarios, entiéndase ministros, directores, senadores y diputados, alcaldes, regidores, entre otros, no pueden contratar con el Estado independientemente de la participación accionaria que tengan en la empresa», manifestó Pimentel al ser abordado por periodistas.

Normas claras

Abinader manifestó que el objetivo principal de la puesta en funcionamiento de la ley es que el Estado Dominicano comience a funcionar con «normas claras y permanentes”.

“Este Gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos; que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos construyendo”, indicó el presidente.

“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”, subrayó Abinader, tras afirmar que la nueva ley consolida un modelo de gestión donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.

En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan más allá de cualquier Gobierno.

El reglamento está contenido en el decreto 52-26.

El mandatario también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible el nuevo marco normativo, el cual contribuirá al fortalecimiento institucional del país.