Entra en vigor nueva Ley de Contrataciones con cárcel para funcionarios que negocien con el Estado

Santo Domingo. – Tras más de 180 días de haber sido promulgada, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entra en vigencia a partir de este miércoles, sustituyendo de manera integral la normativa de Compras y Contrataciones vigente desde 2006.

La legislación fue promulgada el 28 de julio del año pasado por el presidente Luis Abinader. Al respecto, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que el reglamento de aplicación de la nueva ley será publicado este martes.

La normativa constituye una reforma estructural que fue estudiada en el Congreso Nacional desde el año 2021 y que introduce cambios sustanciales al régimen de compras estatales. Entre sus disposiciones más relevantes se incluye la imposición de penas de hasta cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que negocien de manera irregular con el Estado.

Las sanciones penales también se extienden a empresarios y contratistas que incurran en actos de corrupción durante los procesos de contratación pública.

La ley sustituye la legislación de 2006, la cual, si bien prohibía que los funcionarios se beneficiaran de contratos estatales, no contemplaba sanciones penales. La antigua Ley 340-06 se limitaba a sanciones administrativas, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos, y remitía las consecuencias penales a otras normativas.

La nueva pieza legal incorpora un título penal que castiga prácticas corruptas asociadas a la contratación pública, incluyendo la falsificación de información, la participación en contratos prohibidos y el tráfico de influencias. En ese sentido, el artículo 234 establece penas de dos a cinco años de prisión para funcionarios y legisladores que se involucren en negocios con el Estado, así como condenas de hasta 10 años de cárcel para contratistas que ofrezcan sobornos con fines de adjudicación de obras o servicios.

Entre otras novedades, la legislación dispone que las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios a través de la plataforma oficial en línea denominada Tienda Virtual, siempre que los productos requeridos estén disponibles en dicho sistema. Solo podrán utilizar proveedores externos si demuestran condiciones más favorables y cuentan con autorización previa de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Asimismo, la ley sanciona la fragmentación de contratos con el objetivo de evadir los controles establecidos o de operar por debajo de los umbrales que exigen procesos de licitación. En ese marco, se prohíbe realizar contrataciones separadas dentro de un período de tres meses cuando correspondan al mismo tipo de bien o servicio.

La normativa también institucionaliza el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, en el cual deberán registrarse todas las etapas del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre. Cualquier contratación realizada fuera de este sistema carecerá de validez legal y podrá ser objeto de sanciones.

En noviembre de 2024, el presidente Abinader solicitó al Congreso acelerar el conocimiento de la iniciativa, que permaneció varios meses detenida en la Cámara de Diputados debido a objeciones de distintos sectores. Ocho meses después, ambas cámaras lograron un consenso que permitió la aprobación de la ley, la cual fue promulgada días más tarde y entra ahora plenamente en vigencia.