Los Defensores

Recesan hasta las 2:00 p.m. audiencia del caso Medusa por problemas de salud de imputada

Jean Alain Rodríguez


La audiencia de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados fue recesada hasta las 2:00 de la tarde, antes de que comenzara el conocimiento de la solicitud de extinción de la acción penal planteada por la defensa de Altagracia Guillén, quien sería la cuarta de los diez imputados que han formulado este pedimento dentro del proceso.

La decisión fue adoptada luego de que Guillén presentara problemas de salud y tuviera que ser trasladada a un centro médico cercano a la Fiscalía para ser evaluada.

La jueza dispuso el receso con el objetivo de esperar el resultado de la evaluación médica y determinar si la imputada se encuentra en condiciones de reincorporarse a la audiencia para que su defensa pueda exponer los argumentos de la solicitud de extinción.

El planteamiento de Guillén forma parte de una serie de incidentes promovidos por las defensas de varios imputados del caso Medusa, quienes sostienen que el proceso ha superado el límite legal de cuatro años y que las demoras registradas no pueden ser atribuidas exclusivamente a los acusados.

Las defensas también han señalado retrasos relacionados con actuaciones del Ministerio Público, el manejo del voluminoso expediente, problemas vinculados a un disco duro con evidencias, la extensión de la acusación y la entrega de documentos solicitados durante el proceso.

El Ministerio Público, en cambio, se opone a la extinción y sostiene que la duración del expediente debe evaluarse tomando en cuenta todas las actuaciones desarrolladas durante su tramitación.

El pasado 17 de agosto, las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto rechazaron de manera unánime la solicitud de extinción de la acción penal presentada por Jean Alain Rodríguez y otros imputados.

El tribunal consideró que la duración del proceso ha sido justificada y razonable y determinó que las demoras no podían atribuirse exclusivamente al órgano persecutor, debido a los distintos aplazamientos e incidentes promovidos por las partes.

Las magistradas establecieron además que el análisis de la duración de un proceso penal no debe limitarse a un simple conteo matemático del tiempo, sino que deben valorarse las características particulares del caso y las actuaciones realizadas durante su conocimiento.

Con esa decisión, el tribunal dispuso la continuación del juicio de fondo. La defensa de Rodríguez anunció que recurrirá el fallo ante la Corte de Apelación una vez sea entregada la sentencia íntegra, cuya lectura está pautada para el 7 de septiembre.

Aunque el caso Medusa se encuentra formalmente en la etapa de juicio de fondo, el Ministerio Público todavía no ha podido comenzar la presentación de la acusación, debido a los distintos incidentes procesales planteados por las defensas.

El expediente llegó a esta fase luego de que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictara auto de apertura a juicio en junio de 2024.

La acusación del Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Jean Alain Rodríguez al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020, habría operado una estructura dedicada a cometer irregularidades en perjuicio del Estado.

El órgano persecutor atribuye a los acusados presuntos delitos relacionados con corrupción administrativa y un supuesto desfalco superior a RD$6,000 millones, imputaciones que deberán ser probadas o descartadas durante el juicio.

El expediente mantiene a 15 personas físicas, además de varias personas jurídicas vinculadas al proceso. Entre los imputados figuran Jean Alain Rodríguez, Jonathan Loanders Medina, Javier Alejandro Forteza, Altagracia Guillén Calzado, Isis Tapia Stefanni, Alfredo Alexander Solano Augusto, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Francis Ramírez Moreno, Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes, Félix Antonio Rosario Labrada, Juan Asael Martínez y Alejandro Martín Rosa Llanes, entre otros.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberá decidir de manera individual sobre las solicitudes de extinción pendientes. Si son rechazadas, el proceso deberá avanzar hacia la presentación formal de la acusación y posteriormente al conocimiento de las pruebas.

En caso de que alguna solicitud sea acogida, la acción penal quedaría extinguida únicamente respecto de los imputados favorecidos por esa decisión.