Fuerza del Pueblo propone Plan Nacional de Emergencia ante el colapso del sistema fitozoosanitario nacional

Santo Domingo. El partido Fuerza del Pueblo (FP) propuso este jueves la ejecución de un Plan Nacional de Emergencia Sanitaria Agropecuaria y la convocatoria inmediata de un Consejo Nacional de Sanidad Agropecuaria, al advertir que la República Dominicana enfrenta un colapso de su sistema fitozoosanitario nacional, situación que, pone en riesgo la seguridad alimentaria, las exportaciones agropecuarias, el empleo rural y la estabilidad económica de miles de productores.

La propuesta fue presentada por el secretario de Asuntos Agropecuarios de la organización, Héctor Acosta, durante una declaración conjunta del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la Fuerza del Pueblo. Afirmó que las restricciones a las exportaciones de mango, la peste porcina africana, la expansión del caracol gigante africano y las afectaciones en la producción de banano y habichuelas evidencian el colapso del sistema sanitario agropecuario.

“El deterioro de las condiciones sanitarias que enfrenta la agropecuaria dominicana ha colocado al país en una situación de extrema vulnerabilidad. No estamos ante hechos aislados, sino frente a una cadena de fallas que ha afectado cultivos, explotaciones pecuarias, exportaciones y medios de vida en numerosas comunidades rurales”, expresó.

Como respuesta, la organización presentó un Plan Nacional de Emergencia Sanitaria Agropecuaria, que contempla diez acciones para fortalecer la vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, modernizar los laboratorios nacionales, reforzar los controles cuarentenarios, implementar sistemas de alerta temprana, ejecutar un programa de erradicación del caracol gigante africano, fortalecer la asistencia técnica a los productores y crear un Observatorio Nacional de Sanidad Agropecuaria.

El plan también propone crear un fondo especial para compensar a los productores afectados por las restricciones a las exportaciones de mango y garantizar las condiciones sanitarias para la cosecha de 2027.

“Los productores no pueden asumir solos las pérdidas ocasionadas por fallas que corresponden al sistema nacional de vigilancia y control. El Estado debe actuar con rapidez para proteger este importante rubro de exportación del país”, dijo.

Acosta afirmó que la suspensión temporal de las exportaciones de mango fresco hacia Estados Unidos constituye la manifestación más reciente del colapso del sistema nacional de sanidad vegetal.

Indicó que la medida estuvo relacionada con la presencia de la mosca de la fruta y con incumplimientos en los protocolos de trampeo fitosanitario: “La suspensión de las exportaciones de mango no puede analizarse como un episodio aislado. Es una seria señal de alerta para todo el sistema agroexportador dominicano y demuestra las consecuencias de incumplir los protocolos sanitarios exigidos por los mercados internacionales”.

Aunque la suspensión ocurrió al final de la temporada alta de cosecha, estimó las pérdidas en alrededor de RD$100 millones, afectando principalmente a productores de Peravia, Azua, San Cristóbal, San Juan y Barahona.

Recordó que Estados Unidos representa aproximadamente el 25 % del mercado de exportación del mango dominicano y advirtió que la medida podría afectar la confianza de otros mercados internacionales.

Asimismo, aseguró que la Fuerza del Pueblo había advertido desde 2023 sobre deficiencias en el programa de vigilancia de la mosca de la fruta y denunció atrasos en los pagos y en la entrega de recursos para los técnicos responsables del trampeo.

Acosta atribuyó parte del colapso institucional a la cancelación de más de mil técnicos y profesionales agropecuarios durante los primeros meses de la actual administración.

Explicó que esas desvinculaciones afectaron la asistencia técnica a los productores y las labores de vigilancia epidemiológica y cuarentenaria.

“Una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno en 2020 fue la cancelación de más de mil técnicos especializados. Esa medida debilitó áreas estratégicas para la prevención y el control de plagas y enfermedades”, señaló.

El dirigente también alertó sobre la expansión del caracol gigante africano, cuya presencia ya ha sido reportada en la provincia Peravia.

Indicó que esta especie invasora representa una amenaza para numerosos cultivos y advirtió que su llegada a las principales zonas productoras del Cibao tendría graves consecuencias para la agricultura nacional.

“Todavía estamos a tiempo de contener esta amenaza. Si actuamos con rapidez, podemos evitar que una especie invasora provoque daños irreversibles a la producción agropecuaria dominicana”, señaló.

Un tema también señalado por Acosta fue el referente al manejo de la peste  porcina africana, otro de los principales ejemplos del colapso del sistema sanitario agropecuario, cuya presencia fue confirmada en la República Dominicana en julio de 2021.

Afirmó que la enfermedad se propagó sin que se aplicaran oportunamente controles sanitarios rigurosos, medidas de bioseguridad ni un programa efectivo de compensación para los productores afectados.

“El manejo de la peste porcina africana ha sido uno de los episodios más desafortunados para la producción pecuaria nacional. La ausencia de controles efectivos y de compensaciones oportunas provocó la quiebra de miles de pequeños y medianos productores”, manifestó.

Según las estimaciones presentadas por el Subgabinete Agroalimentario y Ambiental, el país pasó de contar con unas 110,000 cerdas madres reproductoras a alrededor de 35,000, mientras la producción mensual habría disminuido de 140,000 a cerca de 40,000 cerdos terminados.

Acosta agregó que esta reducción ha incrementado significativamente las importaciones de carne de cerdo y provocado la desaparición de miles de pequeños productores.

“Mientras desaparecen las unidades productivas nacionales, aumentan las importaciones y se profundiza la dependencia externa. Ese no puede ser el resultado de una política orientada a garantizar la seguridad alimentaria”, expresó.

Además indicó que especialistas internacionales han planteado incluso la posibilidad de ejecutar una repoblación porcina bajo los protocolos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de la situación.

En el documento presentado, la Fuerza del Pueblo también denunció el deterioro de las condiciones sanitarias en la producción de banano, al señalar que la aparición del ácaro bronceado y el debilitamiento de los programas de control de la sigatoka negra han afectado la producción y las exportaciones.

Acosta afirmó que la Asociación Dominicana de Productores de Banano ha reducido significativamente su membresía, pasando de aproximadamente 1,850 a unos 1,300 productores, como consecuencia de las dificultades que enfrenta el sector.

Asimismo, señaló que la producción de habichuelas en el valle de San Juan ha sido severamente afectada desde 2024 por la presencia de trips.

“Una plaga no puede comenzar a combatirse cuando ya ha destruido la cosecha. El país necesita capacidad para detectarla, diagnosticarla y controlarla antes de que provoque daños irreversibles”, sostuvo.

Ante este panorama, la Fuerza del Pueblo solicitó al Gobierno convocar de inmediato un Consejo Nacional de Sanidad Agropecuaria, con la participación de las instituciones públicas competentes, organizaciones de productores, universidades, centros de investigación, exportadores, especialistas y partidos políticos.

Acosta explicó que ese organismo tendría la responsabilidad de coordinar una estrategia nacional de prevención, vigilancia y respuesta frente a plagas y enfermedades, así como establecer mecanismos permanentes de seguimiento.

“El país necesita un espacio nacional de coordinación que permita diseñar una estrategia de largo plazo para proteger nuestro patrimonio sanitario. Las plagas y enfermedades no distinguen colores partidarios y sus consecuencias afectan a toda la sociedad”, afirmó.

La declaración suscrita por el Subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la Fuerza del Pueblo, integrado por las secretarías de Asuntos Agropecuarios, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Cuencas Hídricas y Gestión y Recursos Hídricos, con la participación de dirigentes, técnicos, productores y representantes de los distintos sectores vinculados a la actividad agropecuaria y ambiental, sostiene que la sanidad agropecuaria trasciende el ámbito técnico por sus implicaciones para la seguridad alimentaria, la generación de divisas, el empleo rural y el desarrollo económico del país.

“La seguridad alimentaria de la República Dominicana comienza en la finca. Cuando un productor pierde su cosecha por una enfermedad o una plaga que pudo prevenirse, no pierde solamente esa familia; pierde el país entero”, expresó Acosta al presentar el documento.

Consideró que la agricultura dominicana requiere menos improvisación y una mayor inversión en planificación, prevención, ciencia, innovación y asistencia técnica.

“Proteger la sanidad agropecuaria significa proteger uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. La mejor política no consiste únicamente en aumentar la producción, sino en garantizar que sea sostenible, competitiva y protegida frente a las amenazas presentes y futuras”, concluyó Acosta.