El doctor Hermógenes Acosta, quien fuera magistrado del Tribunal Constitucional, manifestó que la opción más viable consiste en alargar el lapso de vacatio legis del nuevo Código Penal, de manera que su entrada en vigor se posponga entre tres y seis meses.

En una entrevista concedida al periodista Federico Méndez, dentro de un programa de análisis político que se emite los domingos de 8:00 a 9:00 a.m. por un canal televisivo dominicano, Acosta explicó que considera ese intervalo como razonable para subsanar los puntos controvertidos.

«Es decir, que pueda extender para tres meses, seis veces. Porque pienso que es un tiempo razonable para que el Congreso pueda tener la posibilidad de analizar esas propuestas y las objeciones», afirmó el ex magistrado.

El jurista subrayó que dicho plazo brinda la oportunidad de incorporar los cambios demandados por distintos sectores sociales sin repetir los errores observados al aprobar la norma.

«Estamos hablando de decenas de artículos que han sido cuestionados desde el punto de vista constitucional. Ver todas estas propuestas, hacer los cambios que realmente correspondan, no es una cuestión de días, es una cuestión de meses. Entonces yo me inclino por eso», enfatizó.

Acosta señaló que, a pesar del prolongado proceso de elaboración del Código Penal, no se llevó a cabo un debate exhaustivo sobre temas de alta sensibilidad y gran impacto social, y que faltó consenso en la evaluación de las instituciones y decisiones que se están creando.

Según el ex magistrado, el texto presenta graves problemas constitucionales, entre ellos la sanción de la difamación e injuria con penas de privación de libertad que pueden alcanzar de dos a cinco años, lo que considera una medida excesivamente severa.

El especialista advirtió que sin libertad de expresión no puede haber democracia, pues la imposibilidad de criticar y expresar ideas limita el desarrollo del sistema.

«El problema que tiene el Código en esta materia es que no distingue; ha establecido sanciones penales que pueden aplicarse tanto a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones como a particulares», argumentó.

También indicó que la normativa penaliza con penas graves la divulgación de imágenes sin el consentimiento de la persona involucrada, y que impone restricciones a militares o policías que prohíben a ciudadanos grabar situaciones como una detención o una inspección, creando otro punto conflictivo.