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La entidad informó que la suspensión de la docencia aplica para todos los centros educativos públicos y privados ubicados en esas demarcaciones en alerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante posibles crecidas de ríos, cañadas y deslizamientos de tierra.

Camps abordó la importancia de reforzar la presencia de la Policía Escolar en aquellos puntos previamente identificados, con el objetivo de garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo en todo el territorio nacional.

Los fiscales Enmanuel Ramírez , Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitaron al magistrado Raymundo Mejía que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por los hechos que se les atribuyen.

La decisión se adopta tras la llegada este miércoles de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), creada por la ONU, en un clima de inseguridad marcado por la violencia de las bandas criminales.