El jurista explicó que la solicitud está dirigida al Ministerio de Interior y Policía y al presidente de la República, Luis Abinader, al considerar necesario reforzar los controles sobre los miembros policiales autorizados para portar armas de fuego.
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El Ministerio Público pidió prisión preventiva para el acusado, mientras que la procuradora general de la República, Yeni Berenice, aseguró que el caso será procesado con el rigor que establece la ley, al considerar que se trata de un acto que no puede quedar impune.
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La institución recordó que el artículo 125 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el régimen tarifario para la prestación del servicio de transporte de pasajeros es competencia exclusiva del INTRANT.
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Ruiz Massieu señaló que la comunidad internacional enfrenta un enorme desafío para restablecer el orden en Haití, pese a la puesta en marcha de una nueva estrategia respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU para combatir a las organizaciones criminales.
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