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Gómez Ramírez sostuvo que la legislación migratoria dominicana únicamente contempla la recepción de ciudadanos dominicanos y, de manera excepcional, de extranjeros previamente visados por las autoridades consulares del país, por lo que entiende que este tipo de acuerdos contradice el marco jurídico vigente.

El también autor de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aseguró que el artículo 101 de esa normativa establece que dicha limitación fue creada para regular la idoneidad física y de seguridad de los conductores del transporte público de pasajeros y de carga, no para la población en general.

Empleados públicos y privados se ven prácticamente obligados a pagar entre RD$2,500 a RD$3,000 pesos mensuales para poder estacionar sus vehículos en espacios públicos, no porque exista un servicio formal, regulado o autorizado, sino por temor a represalias, daños materiales y amenazas de quienes se han adueñado de las calles.

En el hecho también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Prinston y el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9 milímetros que portaban ilegalmente los hoy occisos.